¿Qué establece la nueva ley japonesa?
El 16 de mayo de 2025, Japón aprobó una ambiciosa ley de ciberseguridad que introduce el concepto de “ciberdefensa activa”. Esta legislación busca anticiparse a los ciberataques mediante medidas preventivas que incluyen:
- Vigilancia de comunicaciones:
El gobierno podrá monitorear ciertos aspectos de las comunicaciones electrónicas, especialmente entre Japón y países extranjeros, si hay sospechas de ciberataques. Aunque se afirma que se respetará la privacidad del contenido, se podrán registrar metadatos como direcciones IP y tiempos de transmisión - Neutralización de servidores enemigos:
La policía y las Fuerzas de Autodefensa podrán intervenir y desactivar servidores utilizados para lanzar ciberataques, incluso fuera del país, si se considera una amenaza crítica. - Obligaciones para infraestructuras críticas:
Empresas de sectores como energía, transporte, finanzas y telecomunicaciones deberán reportar obligatoriamente cualquier ciberataque. El incumplimiento puede conllevar sanciones. - Colaboración público-privada:
Se fomenta el intercambio de información sensible entre el gobierno y empresas privadas para mejorar la respuesta ante amenazas. - Implementación gradual:
El sistema completo entrará en vigor en 2027, con una fase de preparación y pruebas hasta entonces
¿Cómo se compara con la legislación española?
España, en 2025, sigue un enfoque más garantista en cuanto a derechos fundamentales, aunque también ha reforzado su marco normativo:
- Directiva NIS2: España está adaptando esta directiva europea, que amplía los sectores obligados a implementar medidas de ciberseguridad y reportar incidentes
- Esquema Nacional de Seguridad (ENS): Establece requisitos técnicos y organizativos para entidades públicas y privadas que prestan servicios al Estado.
- Protección de datos y privacidad: La legislación española, en línea con el RGPD, prohíbe la vigilancia masiva sin orden judicial. El derecho a la privacidad y al olvido está fuertemente protegido
¿Qué pasaría si España adoptara una ley como la de Japón?
Ventajas potenciales:
- Mayor capacidad de respuesta ante ciberataques complejos.
- Mejora en la coordinación entre sectores público y privado.
- Disuasión frente a actores estatales o grupos criminales organizados.
Riesgos y consecuencias:
- Pérdida de privacidad: La vigilancia preventiva sin orden judicial podría vulnerar derechos fundamentales.
- Desconfianza ciudadana: La percepción de un “Estado vigilante” podría erosionar la confianza en las instituciones.
- Choque con el marco legal europeo: La legislación de la UE prioriza la protección de datos y la supervisión judicial, por lo que una ley como la japonesa podría ser incompatible con el derecho comunitario.
Conclusión
La ley japonesa representa un cambio de paradigma hacia una ciberseguridad ofensiva y preventiva, mientras que España mantiene un enfoque más reactivo y garantista. Si bien el modelo japonés puede ofrecer mayor protección frente a amenazas sofisticadas, su implementación en España requeriría un profundo debate legal, ético y social.
